El pasado lunes se publicó el Manifiesto del Dominio Público elaborado en el marco de la red temática europea Communia sobre el dominio público digital.
En el manifiesto se señalan una serie de principios generales (entre ellos: El dominio público es la regla, el derecho de autor la excepción) y se abordan temas relevantes sobre el dominio público de hoy en día. También hay una lista de recomendaciones para proteger el dominio público y garantizar su funcionamiento, especialmente en ámbitos tan relevantes como la educación, el patrimonio cultural o la investigación científica.
Los Derechos Humanos de ciudadanos y artistas en la era digital.
Incluye soluciones legales, inmediatas y urgentes
Nosotros, una amplia coalición de ciudadanos, usuarios, consumidores, organizaciones, artistas, hackers, miembros del movimiento por la cultura libre, economistas, abogados, profesores, estudiantes, investigadores, científicos, activistas, trabajadores, desempleados, emprendedores, creadores provenientes de más de 20 países
Invitamos a toda la ciudadanía a que haga suya esta Carta, a que la divulgue y a que la ponga en práctica.
Invitamos a todos los gobiernos, multinacionales e instituciones a que atiendan, comprendan e implementen urgentemente los contenidos de esta Carta
INTRODUCCIÓN
La sociedad de la información y el nuevo contexto digital han supuesto una revolución en la forma de crear conocimiento y cultura, y, sobre todo, en la forma de acceder a ellos. Ciudadanos/as, artistas y consumidores/as han dejado de ser sujetos pasivos y aislados/as frente a la industria de producción y distribución de contenidos. Ahora cada persona colabora, participa y decide.
La tecnología, como puente, permite que las ideas y el conocimiento fluyan; acabando así con muchas de las barreras geográficas y tecnológicas que impedían compartir; proporcionado, además, nuevas herramientas educativas y propiciando la aparición de nuevas fórmulas de organización sociales, económicas y políticas. Esta revolución es comparable a la que provocó la imprenta.
A pesar de esto, la industria del entretenimiento, la mayoría de los proveedores de servicios de comunicaciones y los centros de poder siguen basando sus beneficios y su autoridad en el control de los contenidos, de las herramientas y de los canales de distribución, manteniendo una economía de la escasez. Y todo esto violando los derechos de los/as ciudadanos/as a la educación, al acceso a la información, a la cultura, a la ciencia y la tecnología, la libertad de expresión, la inviolabilidad de las comunicaciones y de la privacidad. La protección de intereses privados no debería permitirse cuando produce un atraso en el desarrollo de la sociedad en general, sin tener en cuenta el interés público.
No todas las instituciones, estructuras y convenciones del sistema actual sobrevivirán si no son capaces de adaptarse a los nuevos tiempos. Las que sobrevivan se verán alteradas y redefinidas por la nueva realidad, y es posible que para ello necesiten esquemas de funcionamiento totalmente distintos.
Implicaciones políticas y económicas de la cultura libre
La filosofía de la “cultura libre” amplía drasticamente los espacios para la implicación ciudadana, permitiendo que un amplio abanico de personas y grupos participen y se impliquen en debates públicos. Refuerza la democracia y más tiempos donde más se necesita, como son tiempos de crisis. La cultura libre es una condición previa para hacer real la libertad de expresión, que a su vez es condicio sine qua non para la existencia de la democracia. Ayuda a reducir la brecha digital, liberando el potencial democrático de las nuevas tecnologías.
La cultura libre potencia nuevos modelos de implicación ciudadana en la provisión de bienes públicos y de servicios basados en el procomún. El “gobierno del procomún” hace referencia a las reglas y los límites necesarios y acordados para gestionar la producción colectiva y el acceso a recursos compartidos. El gobierno del procomún reconoce e incorpora la participación, la inclusión, la transparencia, el acceso equitativo, y la sostenibilidad como objetivos a conseguir a largo plazo. Reconocemos el procomún como una forma distinta y deseable de gobierno, no necesariamente ligada a la forma convencional de actuar de las instituciones tradicionales, demostrando la fuerza actual de la sociedad civil.
Entendemos que la economía social, junto con el mercado, constituye una importante fuente de valor. La incorporación de una nueva y revitalizada idea del procomún a través de la tecnología digital (entre otros factores) amplía lo que entendemos por “economía” e insta a los gobiernos a respaldar el procomún al igual que respalda la economía de mercado. Para prosperar, el procomún sólo necesita igualdad de condiciones.
La actual crisis económica ha mostrado los límites de modelos anteriores. Por otro lado la filosofía de la cultura libre, heredada del software libre, es la mayor demostración empírica de que una nueva ética y una nueva empresa son posibles. Ha demostrado que existe una nueva forma de producción que funciona, basada en habilidades e intercambios, donde el/la autor/a o productor/a no pierde el control de la producción y puede liberarse de los mediadores en la producción y en la distribución. Y lo ha hecho basándose en la iniciativa individual, en la solidaridad con otros, con mecanismos de intercambio de acuerdo a las posibilidades y habilidades de cada persona, democratizando el conocimiento, en la educación, por medio de una producción y una distribución justa de los beneficios de acuerdo al trabajo realizado.
Expresamos nuestra preocupación por el bienestar de los/as artistas, investigadores/as, autores/as y otros productores/as creativos/as. En esta Carta proponemos varias fórmulas para recompensar colectivamente la creación y la innovación. El software libre, Wikipedia, las licencias libres en Net Labels o en editoriales de libros y otros muchos ejemplos muestran que el modelo de la cultura libre puede preservar la innovación y que no son necesarios monopolios del conocimiento para producir conocimiento.
La sostenibilidad de la producción de conocimiento y cultura depende significativamente del tipo de ‘producto’ (por ejemplo, los costes de una película son muy diferentes a los de una enciclopedia colaborativa en Internet). Entre los proyectos e iniciativas de cultura libre se pueden identificar varias vías para conseguir sostenibilidad. Algunas de estas vías ya están consolidadas, mientras que otras aún se encuentran en fase de pruebas. Un principio bastante extendido es que la combinación de varias vías de financiación garantiza una mayor independencia de los proyectos.
Los modelos para conseguir una producción cultural sostenible incluyen entre otros: donaciones e intercambios no monetarios (p.ej., regalos, banca y trueque de tiempo); financiación directa (p.ej., subscripciones y donaciones); capital compartido (p.ej., fondos de contrapartida, cooperativas de productores, inter-financiación / economía social, banca P2P, moneda virtual, financiación múltiple, capital abierto, cooperativas comunitarias o de consumidores); fundaciones que garantizan la infraestructura a los proyectos; financiación pública (p.ej., renta básica, fondos de mutua, becas, premios, subsidios, contratos públicos y comisiones); financiación privada (p.ej., inversiones de riesgo, acciones, patronazgo privado, fondo común de inversiones para negocios); actividades comerciales (incluyendo tanto bienes como servicios) y combinación de distribución P2P y streaming de bajo coste. La combinación de estas opciones supone un aumento de la viabilidad de los proyectos, tanto para creadores independientes como para la industria.
Deben existir reglas claras que promuevan el conocimiento común, protegiéndolo de formas de apropiación exclusiva y que prevengan la aparición de monopolios u oligopolios a raíz de dichas apropiaciones.
La era digital conlleva implícita la promesa histórica de un mundo más justo y beneficioso para todos.
Este es el objetivo de las propuestas desarrolladas a continuación en el siguiente enlace
Consideramos imprescindible la retirada de la disposición final primera de la Ley de Economía Sostenible por los siguientes motivos:
1 -Viola los derechos constitucionales en los que se ha de basar un estado democrático en especial la presunción de inocencia, libertad de expresión, privacidad, inviolabilidad domiciliaria, tutela judicial efectiva, libertad de mercado, protección de consumidoras y consumidores, entre otros.
2 – Genera para la Internet un estado de excepción en el cual la ciudadanía será tratada mediante procedimientos administrativos sumarísimos reservados por la Audiencia Nacional a narcotraficantes y terroristas.
3 – Establece un procedimiento punitivo “a la carta” para casos en los que los tribunales ya han manifestado que no constituían delito, implicando incluso la necesidad de modificar al menos 4 leyes, una de ellas orgánica. Esto conlleva un cambio radical en el sistema jurídico y una fuente de inseguridad para el sector de las TIC (Tecnología de la Información y la Comunicación). Recordamos, en este sentido, que el intercambio de conocimiento y cultura en la red es un motor económico importante para salir de la crisis como se ha demostradoampliamente.
4 – Los mecanismos preventivos urgentes de los que dispone la ley y la judicatura son para proteger a toda ciudadanía frente a riesgos tan graves como los que afectan a la salud pública. El gobierno pretende utilizar estos mismos mecanismos de protección global para beneficiar intereses particulares frente a la ciudadanía. Además la normativa introducirá el concepto de «lucro indirecto», es decir: a mí me pueden cerrrar el blog porque «promociono» a uno que «promociona» a otro que linka a un tercero que hace negocios presuntamente ilícitos
5 – Recordamos que la propiedad intelectual no es un derecho fundamental contrariamente a las declaraciones del Ministro de Justicia, Francisco Caamaño. Lo que es un derecho fundamental es el derecho a la producción literaria y artística.
6 – De acuerdo con las declaraciones de la Ministra de Cultura, esta disposición se utilizará exclusivamente para cerrar 200 webs que presuntamente están atentando contra los derechos de autor. Entendemos que si éste es el objetivo de la disposición, no es necesaria, ya que con la legislación actual existen procedimientos que permiten actuar contra webs, incluso con medidas cautelares, cuando presuntamente se esté incumpliendo la legalidad. Por lo que no queda sino recelar de las verdaderas intenciones que la motivan ya que lo único que añade a la legislación actual es el hecho de dejar la ciudadanía en una situación de grave indefensión jurídica en el entorno digital.
7 – Finalmente consideramos que la propuesta del gobierno no sólo es un despilfarro de recursos sino que será absolutamente ineficaz en sus presuntos propósitos y deja patente la absoluta incapacidad por parte del ejecutivo de entender los tiempos y motores de la Era Digital.
La disposición es una concesión más a la vieja industria del entretenimiento en detrimento de los derechos fundamentales de la ciudadanía en la era digital.
La ciudadanía no puede permitir de ninguna manera que sigan los intentos de vulnerar derechos fundamentales de las personas, sin la debida tutela judicial efectiva, para proteger derechos de menor rango como la propiedad intelectual. Dicha circunstancia ya fué aclarada con el dictado de inconstitucionalidad de la ley Corcuera (o ley de patada en la puerta). El Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet, respaldado por más de 200 000 personas, ya avanzó la reacción y demandas de la ciudadanía antes la perspectiva inaceptable del gobierno.
Para impulsar un definitivo cambio de rumbo y coordinar una respuesta conjunta, el 9 de enero se ha constituido la «Red SOStenible» una plataforma representativa de todos los sectores sociedad civil afectados. El objetivo es iniciar una ofensiva para garantizar una regulación del entorno digital que permita expresar todo el potencial de la Red y de la creación cultural respetando las libertades fundamentales.
En particular, consideramos que en estos momentos es especialmente urgentes la implementación por parte de gobiernos e instituciones competentes, de los siguientes aspectos recogidos en la Carta:
1 – Las/os artistas como todos los trabajadores tienen que poder vivir de su trabajo (referencia punto 2 «Demandas legales«, párrafo B. «Estímulo de la creatividad y la innovación», de la Carta);
2 – La sociedad necesita para su desarrollo de una red abierta y libre (referencia punto 2 «Demandas legales«, párrafo D «Acceso a las infraestructuras tecnológicas», de la Carta);
3 – El derecho a cita y el derecho a compartir tienen que ser potenciado y no limitado como fundamento de toda posibilidad de información y constitutivo de todo conocimiento (referencia punto 2 «Demandas legales«, párrafo A «Derechos en un contexto digital», de la Carta);
4 – La ciudadanía debe poder disfrutar libremente de los derechos exclusivos de los bienes públicos que se pagan con su dinero, con el dinero publico (referencia punto 2 «Demandas legales«, párrafo C «Conocimiento común y dominio público», de la Carta);
5 -Consideramos necesaria una reforma en profundidad del sistema de las entidades de gestión y la abolición del canon digital (referencia punto 2 «Demandas legales«, párrafo B. «Estímulo de la creatividad y la innovación», de la Carta).
Por todo ello hoy se inicia la campaña INTERNET NO SERA OTRA TELE y se llevarán a cabo diversas acciones ciudadanas durante todo el periodo de la presidencia española de la UE.
Consideramos particularmente importantes en el calendario de la presidencia de turno española el II Congreso de Economía de la Cultura (29 y 30 de marzo en Barcelona), Reunión Informal de ministros de Cultura (30 y 31 de marzo en Barcelona) y la reunión de ministros de Telecomunicaciones (18 a 20 de abril en Granada).
La Red tiene previsto reunirse con representantes nacionales e internacionales de partidos políticos, representantes de la cultura y legaciones diplomáticas.
El reciente “Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet” ha sido suscrito por multitud de administradores de webs, bloggers y simples usuarias y usuarios de la Red de un muy amplio abanico político. Revisando lo escrito y dicho sobre este manifiesto, encontramos que tenemos algunos compañeros “de viaje” realmente incómodos. Junto a quienes apoyan con sinceridad la libre difusión de la cultura en Internet, un grupo de firmantes lo suscribe sólo para oponerse al gobierno de Zapatero desde la derecha más montaraz. Entre ellos encontramos a periodistas que defienden la libre descarga de películas o música desde Internet pero son celosos guardianes de otras formas mucho más injustas y colonialistas de propiedad privada.
La izquierda y la derecha han luchado, luchan y lucharán por la titularidad de los medios de producción, éste es el motor de la historia, impulso que, por obvio, se suele ocultar. En el actual orden mundial, las propiedades intelectual e industrial se han convertido en un instrumento de acumulación de capital más eficaz que ninguna industria o comercio.
La explotación del derecho de autor, lejos de responder a su teórico objetivo, el sustento de creadoras y creadores, se ha utilizado como elemento de dominación, como arma al servicio de la casta cultural más acomodaticia con el sistema establecido. En el caso de Estados Unidos, representa un valor estratégico. La riqueza de una nación puede llegar a basarse en la imposición de tasas por utilización de propiedades inmateriales de todo tipo, incluido el uso de semillas o variedades animales patentadas. Desde una óptica transformadora que aspira a una sociedad más justa e igualitaria, sólo cabe apoyar y promover el libre conocimiento.
Defendemos la democratización de la cultura porque la creación la hacen las colectividades a través de determinados individuos y no al revés, como se suele pensar. Consideramos que el sistema de royalties que sólo beneficia a unos pocos es injusto, tanto para las patentes científicas como para la expresión de la creatividad humana. Por eso creemos que no se trata de que las autoras y autores cambien de amos. La cultura libre debe estar inserta en un movimiento colectivo que vaya más allá de las rentas de un tipo u otro de empresario. Son muchas las y los creadores que se definen como trabajadoras y trabajadores de la cultura y aspiran a una remuneración que les permita mantenerse y no a seguir ganando más allá del esfuerzo realizado. El problema no radica en cómo seguir cobrando derechos, sino en la manera de hacer que las contribuciones intelectuales, artísticas o científicas pertenezcan realmente a toda la sociedad y no sólo a quienes tienen el privilegio de explotarlas.
Como en tantas ocasiones es preciso dejar a un lado, siquiera un momento, el etnocentrismo del primer mundo y recordar que para una verdadera disminución de la brecha digital hay condiciones previas: la llegada de la electricidad al domicilio, dinero para comprarse un ordenador, un Estado que te haya enseñado a leer y escribir, y haber comido, y tener un techo y un médico para cuando te pones enfermo. La era digital no podrá lograr eso si no es imbricándose en la lucha de los pueblos.
Tanto como la democratización de la cultura, con más razón cabe defender la democratización de toda la economía. No parece razonable aplicar en este debate el término «democracia» tan superficialmente como se está haciendo. Si la mayoría de los internautas está en contra del cierre de páginas Web que facilitan el intercambio de archivos, una gran mayoría de ciudadanos está a favor de repartir entre todos la riqueza de la que se apropian empresas como el Banco de Santander, Repsol o Telefónica, distribución que sigue la misma lógica de quienes pedimos un conocimiento universal, y que nadie osa plantear por una evidente cuestión de correlación de fuerzas.
Para reivindicar Internet como un derecho, no como un eslogan publicitario, es preciso incluirlo dentro de lo público, como la educación o la sanidad, y no dejarlo en manos de proveedores privados que pueden acabar con la neutralidad de la red al margen de la legislación sólo con aumentar el coste de subir contenidos. Sabemos que en nuestras sociedades entregadas a la privatización es una reivindicación difícil, pero necesaria y un gobierno que realmente represente al pueblo que lo ha elegido debería ser capaz de llevarla a cabo.
En el ámbito de la cultura hay propuestas audaces como la de distribuir el cine español subvencionado bajo licencia copyleft, legislando para que la percepción de ayudas públicas determine la publicación de obras con licencias libres para lograr su máxima difusión. O las que pasan por la nacionalización de la SGAE y demás entidades de gestión para que la retribución a los creadores deje de ser una cuestión privada. Iniciativas como la Carta para la innovación, la creatividad y el acceso al conocimiento, aún insuficientes, apuntan la posibilidad de construcción de reglas distintas. Los intereses que se oponen a ello son poderosos. Pero en este momento la evolución de los medios de reproducción abre una oportunidad para que ningún conglomerado mediático pueda decidir qué productos culturales merecen ser distribuidos y cuáles no. Se trata de entender el P2P como una gran biblioteca común y no como, una vez más, servicios en streaming donde sean las discográficas o las editoriales o las nuevas empresas de la Web quienes decidan qué suena, se lee, se imagina.
Nos preguntamos si el gobierno tiene algún interés, aunque sea mínimo, en investigar nuevos modelos. Ni la lógica de la prohibición, ni tampoco la lógica del cambio de amo. La política de las multinacionales del entretenimiento ha ido dirigida a un solo objetivo: expoliar a la Humanidad de su patrimonio cultural. El cambio en el modo de reproducción de las creaciones podría suponer un avance para todos. Quizá no sea fácil. Pero, por una vez, no es mucho más difícil que prohibir y castigar. Se trata de recuperar la red para todos los seres humanos y no para las grandes empresas que cada día se adueñan de ella un poco más.
Escrito por merchandlinux 
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