Las regulaciones de derechos de autor ponen “a la gran empresa primero”.

20/04/2010

Las asociaciones de consumidores advierten a los ministros europeos: cortar Internet “es algo parecido a negar acceso al agua a un consumidor que moja con la manguera al gato de su vecino.

Aprovechando la cercanía geográfica y la simultaneidad temporal con la reunión informal de ministros en Granada, la asociación de consumidores Facua ha presentado en Sevilla un documento que pone en la picota a los poderes públicos en su acción legisladora sobre propiedad intelectual.

La Consumers International, que agrupa a asociaciones de consumidores de varios países, ha analizado las normas y las acciones legisladoras de 34 Estados alcanzando conclusiones poco halagüeñas para los poderes públicos.

“En la mayoría de los países, las normas que regulan el acceso a la cultura y aprendizaje de nuestra sociedad colocan a la gran empresa primero y a los consumidores después“, es la principal conclusión de este informe, tal y como apunta Facua en una nota de prensa.

“Los gobiernos de numerosos países están plegándose a los intereses de las industrias culturales y tecnológicas, que conciben la cultura y el conocimiento como una merca mercancía a la que sólo se accede previo pago”, apunta el portavoz de la asociación de consumidores, Rubén Sánchez.

La presentación y el informe han contado con el apoyo de ExGae, Red SOStenible y FCForum, asociaciones de defensa de los derechos de los internautas, que han sido también muy críticas con los poderes públicos.

“El informe”, apunta Simona Levi, de , “demuestra cómo la política estadounidense en materia de copyright tiene una doble moral” ya que, asegura, pide un “rigor” extremo a sus países aliados mientras que en su propia legislación permite más excepciones.

Fin neutralidad

Según Red SOStenible, la cumbre de ministros de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de Granada podría tener un efecto perverso en los derechos de los internautas. De hecho, no duda en tacharla de “peligrosa” ya que, según la asociación, ataca la neutralidad de la red, privatiza el espectro radioeléctrico y privatiza la producción de contenidos.

“Para un desarrollo sostenible y democrático de la sociedad de la información no debe existir ninguna discriminación, ninguna velocidad diferente según los usos o los servicios que hagan los usuarios, y menos aún según lo que cada uno pueda pagar”, apunta la organización en un site ad hoc.

Por ahora sólo un país europeo (Reino Unido) está en el top five de los países peor valorados en cuestiones de respeto al ciudadano en sus leyes antipiratería. Jordania, Chile, Kenia y Tailandia acompañan por ahora a los británicos pero, si se cumplen las previsiones de los organismos que respaldan el informe presentado esta mañana, podrían ser más.

Consumers International recomienda “modelos de negocio innovadores” y carga contra el corte de red. “Suspender este derecho básico es algo parecido a negar acceso al agua o a los servicios sanitarios a un consumidor que moja con la manguera al gato de su vecino“, alerta.

Esta semana se sabrá si los ministros europeos comparten esta visión.

Raquel C. Pico.



Ministerio de Cultura sugiere cobrar por obras CC a las entidades de gestión.

16/04/2010

El Ministerio de Cultura ha recomendado a las entidades de gestión de propiedad intelectual que hagan valer su función como abanderados de los derechos de autor, incluso en referencia a aquellos contenidos creados bajo la etiqueta Creative Commons.

En un informe que analiza el momento actual del libro electrónico publicado por El Observatorio de la Lectura y el Libro, organismo vinculado con el ministerio, se subraya “la obligación por Ley de que las entidades de gestión de derechos hagan efectivos los derechos de remuneración aún en el caso de que el autor decidida regalar su obra o no cobrar”.

El texto alienta, en este sentido, a vigilar la posible pérdida de control que pueden acarrear las obras al ser difundidas masivamente bajo el sello Creative Commons.

Observamos que en efecto esto es algo que viene así en la ley lo que nos muestra, ni más ni menos, lo lejos que está la Ley de Propiedad Intelectual de la realidad y la urgente necesidad de reforma para acercarla, aunque sólo sea un poco, a la realidad científica y medible que supone el creciente uso de obras Creative Commons entre cada día más creadores.

No soy abogado pero hay cosas que caen por su propio peso y que apunto a continuación:

1.- Los que usamos licencias Creative Commons no sentimos, como legítimos autores, que la copia privada o cualquier otro tipo de copia nos cause perjuicio económico alguno. Es más, entendemos que la propia copia nos enriquece y aumenta nuestras posibilidades de obtener y generar riqueza de y para la sociedad. El simple concepto de que tenga que existir una compensación cuando científicamente se demuestra que el daño sólo es posible en determinados modelos de negocio, debería ser retirado. Es más, estas compensaciones, no hacen sino entorpecer la difusión de la cultura.

2.- Dice la ley que como autor no puedo renunciar a la remuneración por compensación (derecho patrimonial irrenunciable). Creo que como autor e individuo maduro y en plena posesión de mis facultades mentales tengo que poder no querer dicha anacrónica compensación ideada en una visión analógica y mercantilista de la creación. Esta redacción de la ley es simplemente insultante y por eso exijo que sea modificada sin más dilación. Si quiero renuncio y no tengo nada más que explicar. Ninguna entidad, aquí declaro, tiene autorización mía activa o pasiva a recaudar cantidad alguna sin mi expresa autorización y me da igual lo que la ley diga. Si la ley es injusta, prefiero la cárcel a que recolecten en mi nombre.

3.- La perversión de la ley. Supongamos que admitimos que la SGAE ha de poder recaudar de las obras licenciadas con Creative Commons. Veremos, sin demasiada sorpresa, que la SGAE no permite que sus asociados usen dichas licencias. Según la ley la asociación a estas entidades no es obligatoria, pero es que en los términos de los contratos que obliga la SGAE firmar se prohibe el empleo de dichas licencias luego jamás podríamos reclamar ese dinero pues tenemos que afiliarnos a ella para cobrar las cantidades (otras entidades no obligan a estar afiliados como CEDRO). Esto significa que sí o sí, la SGAE tiene que recaudar pero al mismo tiempo sus cláusulas de contrato y la redacción de la ley produce que sea no o no que como autores podamos recibir esos importes. ¿Nadie ve lo perverso de la situación? ¿Es eso defender a los autores? Honestamente, no nadie con un mínimo de integridad y vergüenza puede sostener que así sea.

4.- Las entidades tienen que ser totalmente efectivas. No recuerdo el punto de la ley, pero tengo entendido, y que me corrijan los abogados, que las entidades de gestión tienen que cumplir ciertos requisitos para seguir siéndolo, y es que tengan capacidad de ser efectivas identificando todas las obras, usos, y repartiendo con la máxima diligencia. Bueno, eso simplemente ya no es posible. Los autores estamos viendo que existe otra forma de gestionar nuestros propios derechos sin necesidad de SGAEs. Si no queremos compensación por copia privada, podemos optar por muchísimas otras opciones más respetuosas con la cultura y la creatividad. El caso es que las entidades de gestión deberían sólo gestionar los derechos colectivos de exclusivamente las obras que estén en su catálogo y no las demás. Esa es la cuestión.

Conclusión. La Ley de Propiedad Intelectual trata a los autores como niños incapaces de tomar sus decisiones y vive en un siglo, el XIX (ni siquiera el XX ya) en el que la visión analógica era la imperante. Ya en su día los derechos de autor como hoy los entendemos fueron muy cuestionados, sobre todo los patrimoniales, y en el entorno digital incipiente e Internet, la aplicación de las leyes de Propiedad Intelectual y Copyright son una perversión que crea problemas donde no los hay. Sólo faltaba que ahora los que optamos por licencias Copyleft y otras Creative Commons tengamos que estar forzados a usar modelos de ver la creación sencillamente falaces.

También se insta en el documento a adoptar “medidas normativas para crear un procedimiento que corrija las actuales deficiencias en torno a regulación relativa a la difusión de obras protegidas a través de redes P2P y páginas web” y a impulsar barreras como los DRM.


La industria sólo denunciará a dos webs de la ’Lista de Sinde’.

08/04/2010

Cuando los titulares de 1.174 páginas web decidieron autoinculparse ante el Ministerio de Industria de facilitar el intercambio de archivos, ya sabían que podían convertirse en un objetivo para la industria cultural. La Coalición de Creadores, que engloba a productoras y gestoras de derechos de autor, sólo planea denunciar a dos de esas páginas, relacionadas con películas de cine, no con música. Así lo ha hecho saber a Público el director de La Coalición, Andrés Dionis, que añade que las entidades a las que representa su entidad han decidido centrarse en las webs que son “generadoras originales de contenido pirateado”.

La iniciativa ciudadana de recopilación voluntaria de páginas, conocida como La Lista de Sinde, surgió como protesta a las medidas incluidas en la Ley de Economía Sostenible (LES), que contemplan que una comisión administrativa determine si una web viola los derechos de autor. LalistadeSinde.net empezó sólo como una web en la que los dueños de páginas se autoinculpaban de facilitar enlaces a materiales con copyright, pero el trasfondo de este movimiento es mucho mayor.

Con el lema “Si cierran una web tendrán que cerrar todas”, la idea de sus organizadores es saturar en la medida de lo posible la comisión encargada de tomar medidas contra los titulares de las páginas. Con este intento de colapso administrativo, la aplicación de la LES resultaría inviable. El problema es que la ley contempla que esa Comisión sólo puede actuar previa petición de los titulares de derechos, nunca de oficio. “Nunca va a haber un volumen masivo de denuncias ante la Comisión. Nuestro objetivo está centrado en denunciar a la gente que gana dinero con la piratería organizada, que se lucra de forma sistemática”, explica Dionis.

Contra el origen de la red

Con los parámetros que marca la LES, los titulares de derechos podrían solicitar el cierre de todas las webs que incluyen enlaces a contenidos protegidos y que se sumaron a La Lista de Sinde. Pero las organizaciones que los representan han decidido establecer el límite de la denuncia en las páginas que son las primeras en colgar los contenidos en la Red. “Casi toda las páginas incluidas en La Lista de Sinde son subdistribuidoras de material con copyright, y esas son las páginas que hemos decidido descartar”, añade Dionis.

La Coalición también presentó su propio listado de webs susceptibles de denuncia ante el Ministerio de Industria en octubre del año pasado. Para esta entidad, el cierre de las 200 páginas englobadas en esa lista acabaría con la descarga de contenidos con copyright. Según los autores del informe Parasites Business (El Negocio de los Parásitos, en inglés), los titulares de esas webs obtienen una media de 1,5 millones de euros al año en concepto de distribución de unos contenidos cuyos derechos no les pertenecen.

Este argumento ha sido rechazado tanto por activistas de la Red como por los abogados defensores de algunas páginas de enlaces, aunque La Coalición insiste en su veracidad. Dionis detalla que hay usuarios que creen en el intercambio cultural y que incluyen enlaces en sus páginas “de buena voluntad”, pero también defiende que “sobre esa base se está protegiendo el negocio de unas personas que se lucran con el esfuerzo de otros de forma ilícita”. Anuncia que estas conductas son las únicas susceptibles de denuncia ya que, sin ellas, las primeras no dispondrían de esos enlaces en el plazo y la forma en la que los ofrecen hoy. Las denuncias, según prevé el director de La Coalición, empezarán a realizarse a principios de 2011, una vez aprobada la ley y desarrollado el reglamento que deberá concretarla.

Fuente: Público