La privatización del ISBN. ¿Un asunto menor?

Al margen de las consideraciones políticas que se puedan hacer respecto a la opción de privatizar los diferentes servicios, el proceso del tránsito de lo público a lo privado casi siempre trae incorporado algunos inconvenientes sea cual sea el sector del que se trate.

Uno de los grandes problemas que se le asocia a estos cambios es, cada vez más, la falta de transparencia y de consenso que suelen traer consigo, junto al nulo respeto a la opinión del ciudadano, que a la larga va a ser el que puede sufrir los inconvenientes del nuevo modelo y que no en pocas ocasiones se siente totalmente desinformado y sin ninguna capacidad para reclamar dada la entrada en escena de la empresa particular.

En esta ocasión le ha tocado el turno al ISBN (International Standard Book Number), número identificador que tiene cada libro y que hace exactamente una semana, el 23 de diciembre, tal y como publicó el BOE en agosto, ha pasado a ser controlado y expedido por los editores españoles por medio de Federación de Gremios de Editores de España (FGEE). Así, el Ministerio de Cultura, hasta el momento su encargado, ha dejado de serlo.

No ha sido una operación demasiado publicitada en los medios de comunicación y así explicada puede parecer que no supone un gran perjuicio a la persona de a pie, pero hay varios detalles en los que hay que detenerse para entender de qué manera puede repercutir, aun siendo un misterio el modo en que la nueva institución va a llevar a cabo sus nuevas competencias. Basándonos en experiencias pasadas no resulta muy esperanzador desconocer los pasos y medidas concretas que se van a tomar.

El citado número resulta primordial para que cualquier libro o documento sea considerado oficial, lo que le supone estar sujeto a los derechos de propiedad y por ejemplo tener la posibilidad de ponerse a la venta. Significa por lo tanto que es imposible prescindir de él. Hasta el momento conseguir esta referencia no costaba dinero, simplemente era necesario solicitarlo. Hablar del coste que tendrá a partir de este momento es difícil porque no se ha hecho oficial tarifa alguna. Se ha hablado de que podría costar 3 euros por cada “manuscrito” y que abría que solicitarlo en “packs” de 10, lo que supondrían 30 euros. Las partes interesadas se han apresurado en comunicar que en muchos países de Europa solicitar este número ya es de pago, y en cantidades mayores. Lo que si parece confirmado es que contra mayor sea la solicitud más barata saldrá, al igual que sucede con cualquier otro artículo de consumo, contra más se compra más rentable sale el lote.

De este hecho se deduce que aunque la cantidad a pagar no es fija todavía es obvio que habrá un coste. Desde el propio gremio de editores se ha expresado que uno de los objetivos claros es descender el número de solicitudes y que se refleje con más exactitud la creación literaria del estado, así que ese pago hará la labor de criba.

Lo que a nadie se le escapa tampoco es la posibilidad de que al aumentar el coste de uno de los pasos intermedios a la hora de realizar un producto , suele tenderse a incrementar el precio final. Además el hecho de poder solicitarlo de una forma, llamémosle, al por mayor, y con un precio más reducido será un acicate para las grandes empresas capaces de hacerlo pero un retroceso para las pequeñas y no digamos para las autoediciones, que se mire por donde se mire saldrán perjudicadas. Respecto a los cada vez más habituales formatos digitales tampoco se salvarán de tener que pasar por taquilla para poseer el ISBN. En este caso, además, tendrán que pagar por cada soporte diferente (PDF, EPub, etc…), lo que significará un escollo importante para la auto publicación al margen de la tradicional industria librera.

Otro punto que resulta un enigma es lo que sucederá respecto al archivo y al registro de las publicaciones. Hasta ahora de dominio público y gratuito, dentro de un año dejará de ser así y no se sabe con certeza en qué situación quedará, sólo que también pasará a manos de los editores. No es descartable que tal y como sucede en otros lugares esa acción quede limitada a los sectores profesionales y los particulares deberán pagar por las consultas.

La cultura es un término que en los últimos años ha estado en boca continuamente de los diferentes políticos. Vistas sus decisiones y sus leyes da la sensación de que su interés se ha centrado en cada vez convertirla de manera más definitiva en un artículo de consumo más y sobre todo defender e intentar apuntalar una industria tradicional que tarde o temprano tendrá que buscar soluciones reales.

El trasvase del ISBN a manos privadas no es más que un nuevo caso que sirve para demostrar que el camino sigue estando alejado de crear una red cultural verdaderamente democrática, es decir, accesible, tanto para su elaboración como para su disfrute, a todo el mundo por igual. Sin tener certeza de cómo se desarrollará dicho cambio sí parece claro que el perjudicado no será precisamente la gran industria librera para la que el desembolso no supondrá un problema, cosa que no se puede decir de otras formas de edición alternativas.

Kepa Arbizu.

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